Lo que realmente ha estado sucediendo durante este periodo de tiempo es poco menos que un milagro económico. Como se informó en Diciembre, al huir decenas de miles de ilegales de Alabama,  se ha propiciado que los autóctonos de Alabama hayan sido contratados, ocasionándose de ese modo una fuerte caída en la tasa de desempleo, especialmente en comparación con estados vecinos.


El 28 de Septiembre, la juez del Distrito Federal Sharon Lovelace Blackburn dio su visto bueno a la mayoría de medidas recogidas en la ley H.B. 56, lo que ocasionó un segundo éxodo parte de los ilegales existentes en Alabama, los cuales habían permanecido en este territorio confiando un bloqueo de la ley como ocurrió en Arizona en 2010. Esta nueva oleada produjo una aceleración en la creación de empleo, como las estadísticas publicadas en Noviembre han revelado.

Primeramente, vamos a mostrar algunas de las medidas más criticadas que fueron aprobadas y otras que compartimos plenamente, pero que fueron derogadas por la autoridad judicial:

Aprobadas:

-      La disposición de la ley permite controles y detenciones policiales a gente sospechosa de encontrarse ilegalmente en el país. Esta disposición fue derogada en Arizona y ha sido la más controvertida, incluso criticada por Obama.

-      Se implantan en las escuelas controles para comprobar el estatus de estancia legal de los niños.

-        Los contratos de empresas que emplean a extranjeros ilegales se anulan de oficio.

-       Se convierte en un delito grave la estancia irregular en Estados Unidos en el caso de solicitar una licencia de matrícula, el permiso de conducir, licencia comercial o de negocio.


Derogadas:

-        Permitir detener a inmigrantes ilegales que tratan de buscar un empleo u ofrecer sus servicios como contratistas independientes.

-   Juzgar a los que hayan ocultado, asistido, transportado o alentado a inmigrantes ilegales.

-    No permitir la deducción de impuestos a las empresas que emplean a inmigrantes ilegales.

-     Creación de un nuevo estatus de trabajadores. En él se englobarían los trabajadores que resultaron afectados al demandar empleo o fueron despedidos en beneficio de un inmigrante ilegal. Acogiéndose a este estatus podrían demandar a los empleadores que llevaron a cabo estas prácticas.


En cuanto los resultados, éstos hablan por sí mismos, especialmente en el condado de Marshall, un conocido caladero de mano de obra ilegal de Alabama, donde se concentraba el mayor porcentaje de trabajadores extranjeros ilegales en el estado:

 

El representante estatal de Wes Long, R-Guntersville, cuyo distrito incluye parte del condado de Marshall, dijo:

    "Los que se oponían a la ley H.B. 56 de Alabama en materia de inmigración argumentaban que esta ley dañaría la economía de Alabama, pero los hechos han demostrado lo contrario. No hay duda que tomar medidas contundentes contra la inmigración ilegal ha tenido un efecto positivo en la economía, especialmente en el condado de Marshall. "

El representante estatal de Kerry Rich, R-Albertville, cuyo distrito incluye el condado de Marshall, acordó lo siguiente:

    "No se puede discutir a los hechos", dijo el representante Rich. "Desde que se aprobó la ley, los barrios del condado de Marshall tienen menos ciudadanos en las listas de desempleo y más vecinos trabajando”.

Estos son los hechos: Tomar medidas contundentes contra los inmigrantes ilegales genera puestos de trabajo.

Porque, como ha quedado demostrado, el famoso dicho de la progresía de: “los ilegales hacen los trabajos estadounidenses no quieren hacer" es una mentira.

En Alabama lo han comprendido bien: cada ilegal con trabajo, es un estadounidense sin uno. Y en un momento en que los partidos presentes en Washington, D.C.  no tienen respuestas del declive económico, este tipo de leyes contra la inmigración ilegal son la manera más sencilla y eficaz para que los estadounidenses vuelvan a trabajar.